CUESTIONANDO LA SABIDURÍA CONVENCIONAL SOBRE LAS PENSIONES.

(Parte II y última)

Este artículo critica los argumentos que se están promoviendo para sostener la tesis de que el sistema de las pensiones públicas en España no es sostenible, supuestos que reproduce también el Comité de Expertos en Pensiones.

3. A mayores años de vida  adicionales de la población, mayor es su capacidad y obligación de trabajar. Esta observación, derivada de la anterior, continúa ignorando que no solo la esperanza de vida varía mucho según la clase social, sino también su calidad de vida. La calidad de vida de los años añadidos a la longevidad de una persona jubilada varía también de una manera muy evidente y clara según el tipo de trabajo y empleo (y, por lo tanto, de clase social del individuo) que ha tenido durante su vida laboral. A menor nivel de renta de la persona, y a menor autonomía, creatividad y condiciones satisfactorias del trabajo y empleo que la persona haya desarrollado, mayor es la discapacidad y limitaciones “propias de la edad”, con menor deseo de continuar su trabajo. De esta realidad se deriva el principio aplicado en muchos países –pero no en España- de que la jubilación es un derecho más que una obligación. Para la mujer de la limpieza es una bendición el poder dejar de trabajar. Pero no así para un catedrático, o para un médico, o para un profesional que goza en su trabajo. La aplicación del principio de considerar la jubilación como un derecho (como ocurre ya en muchos países a los dos lados del Atlántico) implica el derecho a que no haya obligación de jubilarse. Como profesor de Hopkins yo no tengo el deber de jubilarme. Siempre y cuando el trabajo esté al nivel que se exige de un profesor de universidad, la institución no puede jubilarme, como resultado de la ley que prohíbe la discriminación a los ancianos (una ley, por cierto, que sería muy necesaria en España, donde la discriminación en contra de los ancianos es muy acentuada).

4. El mayor problema que determina la necesidad de reformar el sistema de pensiones es el demográfico. A más gente anciana que vive más años y menos gente joven, mayor será el problema de la financiación. Esto no es así, pues se ignoran muchas realidades. En los sistemas de financiación a base de contribuciones sobre el trabajo (las cotizaciones sociales), el escenario no consiste en jóvenes versus ancianos, sino en trabajadores versus pensionistas. E incluso más importante es la cantidad de la aportación, que depende del salario y de la productividad. De la misma manera que ahora el 2% de la población que trabaja en agricultura produce más alimentos de los que producía el 18% que trabaja en el campo hace cuarenta años, un trabajador dentro de cuarenta años producirá y contribuirá muchas veces lo que produce y contribuye un trabajador ahora. En realidad, el mayor problema que tiene el sistema de financiación actual de las pensiones no es el demográfico, sino el laboral, es decir, el escaso porcentaje de puestos de trabajo, consecuencia, en parte (no de la siempre supuesta rigidez del mercado laboral) de la escasísima producción de puestos de trabajo (e incluso más escasa producción de buenos puestos de trabajo) resultado de un escaso desarrollo de la infraestructura social y humana del país. Si España tuviera el mismo porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios del Estado del Bienestar que tiene Suecia, España tendría cinco millones más de puestos de trabajo. Es esta escasez de puestos de trabajo el problema de las pensiones contributivas, tema que ni está ni se espera en la citada Comisión. Es lamentable que la solución que predeciblemente aparece como más factible sea la reducción de las prestaciones en lugar de aumentar los recursos para mantenerlas e incluso expandirlas.

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 3 de junio de 2013 y que a petición de un afiliado  de Jubilats-USOC (Álvaro Gar cía Travanca), se publica en este Blog.

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